LA JUEZ ARGENTINA ORDENA DETENER A LOS EX MINISTROS MARTÍN VILLA Y UTRERA MOLINA POR CRÍMENES DEL FRANQUISMO
Artículo de Juan Ignacio Irigaray / in www.elmundo.es / 31-10-2014.
La juez argentina María Servini ha ordenado la detención a efectos de extradición del ex ministro -de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979- Rodolfo Martín Villa, y del ex ministro -secretario general del Movimiento- José Utrera Molina, en la única causa penal que existe en el mundo por los crímenes del franquismo.
El exhorto de la magistrada, según ha podido saber ELMUNDO de fuentes del juzgado, ha incluido a otros 18 acusados en el expediente y ha solicitado los arrestos preventivos de todos ellos con fines de sus respectivas extradiciones a Argentina para tomarles declaración como imputados.
A Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores en una protesta.
LOS OTROS ACUSADOS
La lista de ex franquistas 'extraditables' se completa con Fernado Suárez González, Jesus Cejas Mohedano, Jesús González Reguero, Abelardo García Balaguer, Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera de Irimo, ex ministro de Hacienda (1973-1974) y ex vicepresidente segundo (1974) [fallecido el pasado 24 de septiembre].
Como a Utrera Molina, a Licinio de la Fuente, Carro y Barrera les acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
Al ex ministro de Presidencia, Antonio Carro, le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
También figuran José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1975-1977), Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la Iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
UNA CARRERA DE FONDO
La semana pasada el fiscal federal argentino Ramiro González había pedido a la jueza que solicitara las capturas de 15 de ellos y los había acusado de graves crímenes, tales como homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños. Este viernes Servini de Cubria hizo lugar a esa solicitud y amplió la lista de acusados.
El verano pasado, la juez y el fiscal pasaron dos semanas visitando a víctimas en sus casas del País Vasco, Andalucía y Madrid. Allí recogieron testimonios y pruebas de los crímenes del franquismo.
Esta causa arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella puesta por familiares de fusilados, el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, e Inés García Holgado.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Servini de Cubría ha pedido a España que extradite a dos policías franquistas imputados por el delito de torturas, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, juzgado y condenado en su día por participar en el intento de golpe de Estado del 23-F. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esas peticiones.
También la juez ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Quiere comprobar vía análisis de ADN si allí están los restos de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por el franquismo. Su hija, Ascensión Mendieta Ibarra, de 88 años, viajó especialmente a Buenos Aires a rogarle a Servini que la ayudara a encontrar los restos de su padre antes de morir.
ARGENTINA ORDENA DETENER A MARTÍN VILLA Y AL SUEGRO DE GALLARDÓN POR LA CAUSA CONTRA EL FRANQUISMO.
Artículo de Alejandro Torrús / in www.publico.es / 31-10-2014.
La jueza María Servini ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores de la dictadura franquista. Entre ellos, los exministros Martín Villa y Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón
Se anunciaban nubes negras desde Argentina para los franquistas que continúan con vida y sus peores temores se han cumplido en la noche de este viernes. La jueza María Servini de Cubría, que instruye la causa contra la dictadura franquista abierta en Argentina, ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores del franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo, que no han cesado de luchar nunca por sus derechos y con sus propios recursos, que son muy limitados. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos porque no estamos ante crímenes contra la humanidad", ha señalado a Público el abogado Carlos Slepoy nada más conocer la noticia.
Los veinte franquistas sobre los que han recaído órdenes de detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por una parte, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Es decir: José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José María Sánchez-Ventura Pascual.
Por otro lado, los acusados de ser corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, Rodolfo Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, como ministro de Presidencia y Jesús Quintaba Saracibar. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados donde estarían nombres conocidos como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.
La relación completa de imputados es la siguiente: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés,Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.
Pasos a seguir
La resolución dictada por la jueza argentina será cursada por la Cancillería argentina (el Ministerio de Asuntos Exteriores) y será enviada al Ministerio de Justicia español. Si el Ministerio no resuelve qué hacer con la resolución, será el Consejo de Ministros quien decida si permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional o lo rechaza directamente. Si admite este trámite dará comienzo un proceso idéntico al que vivieron el Guardia Civil Jesús Muñecas y el presunto torturador Juan Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño' hace apenas unos meses y donde el primer paso sería tomar medidas preventivas y después declarar ante la Justicia.
La Audiencia Nacional resolvió entonces negar la extradición de los dos franquistas al considerar que los delitos cometidos ya estarían prescritos al no apreciar indicios de crímenes de lesa humanidad. Ahora son veinte órdenes. Los hechos imputados son aún más graves si cabe. La pelota vuelve a estar en el tejado del Estado español.
Artículo de Juan Ignacio Irigaray / in www.elmundo.es / 31-10-2014.
La juez argentina María Servini ha ordenado la detención a efectos de extradición del ex ministro -de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979- Rodolfo Martín Villa, y del ex ministro -secretario general del Movimiento- José Utrera Molina, en la única causa penal que existe en el mundo por los crímenes del franquismo.
El exhorto de la magistrada, según ha podido saber ELMUNDO de fuentes del juzgado, ha incluido a otros 18 acusados en el expediente y ha solicitado los arrestos preventivos de todos ellos con fines de sus respectivas extradiciones a Argentina para tomarles declaración como imputados.
A Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores en una protesta.
LOS OTROS ACUSADOS
La lista de ex franquistas 'extraditables' se completa con Fernado Suárez González, Jesus Cejas Mohedano, Jesús González Reguero, Abelardo García Balaguer, Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera de Irimo, ex ministro de Hacienda (1973-1974) y ex vicepresidente segundo (1974) [fallecido el pasado 24 de septiembre].
Como a Utrera Molina, a Licinio de la Fuente, Carro y Barrera les acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
Al ex ministro de Presidencia, Antonio Carro, le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
También figuran José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1975-1977), Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la Iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
UNA CARRERA DE FONDO
La semana pasada el fiscal federal argentino Ramiro González había pedido a la jueza que solicitara las capturas de 15 de ellos y los había acusado de graves crímenes, tales como homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños. Este viernes Servini de Cubria hizo lugar a esa solicitud y amplió la lista de acusados.
El verano pasado, la juez y el fiscal pasaron dos semanas visitando a víctimas en sus casas del País Vasco, Andalucía y Madrid. Allí recogieron testimonios y pruebas de los crímenes del franquismo.
Esta causa arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella puesta por familiares de fusilados, el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, e Inés García Holgado.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Servini de Cubría ha pedido a España que extradite a dos policías franquistas imputados por el delito de torturas, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, juzgado y condenado en su día por participar en el intento de golpe de Estado del 23-F. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esas peticiones.
También la juez ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Quiere comprobar vía análisis de ADN si allí están los restos de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por el franquismo. Su hija, Ascensión Mendieta Ibarra, de 88 años, viajó especialmente a Buenos Aires a rogarle a Servini que la ayudara a encontrar los restos de su padre antes de morir.
ARGENTINA ORDENA DETENER A MARTÍN VILLA Y AL SUEGRO DE GALLARDÓN POR LA CAUSA CONTRA EL FRANQUISMO.
Artículo de Alejandro Torrús / in www.publico.es / 31-10-2014.
La jueza María Servini ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores de la dictadura franquista. Entre ellos, los exministros Martín Villa y Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón
Se anunciaban nubes negras desde Argentina para los franquistas que continúan con vida y sus peores temores se han cumplido en la noche de este viernes. La jueza María Servini de Cubría, que instruye la causa contra la dictadura franquista abierta en Argentina, ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores del franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo, que no han cesado de luchar nunca por sus derechos y con sus propios recursos, que son muy limitados. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos porque no estamos ante crímenes contra la humanidad", ha señalado a Público el abogado Carlos Slepoy nada más conocer la noticia.
Los veinte franquistas sobre los que han recaído órdenes de detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por una parte, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Es decir: José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José María Sánchez-Ventura Pascual.
Por otro lado, los acusados de ser corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, Rodolfo Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, como ministro de Presidencia y Jesús Quintaba Saracibar. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados donde estarían nombres conocidos como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.
La relación completa de imputados es la siguiente: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés,Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.
Pasos a seguir
La resolución dictada por la jueza argentina será cursada por la Cancillería argentina (el Ministerio de Asuntos Exteriores) y será enviada al Ministerio de Justicia español. Si el Ministerio no resuelve qué hacer con la resolución, será el Consejo de Ministros quien decida si permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional o lo rechaza directamente. Si admite este trámite dará comienzo un proceso idéntico al que vivieron el Guardia Civil Jesús Muñecas y el presunto torturador Juan Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño' hace apenas unos meses y donde el primer paso sería tomar medidas preventivas y después declarar ante la Justicia.
La Audiencia Nacional resolvió entonces negar la extradición de los dos franquistas al considerar que los delitos cometidos ya estarían prescritos al no apreciar indicios de crímenes de lesa humanidad. Ahora son veinte órdenes. Los hechos imputados son aún más graves si cabe. La pelota vuelve a estar en el tejado del Estado español.
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