Decir que la monarquía española pasa por sus horas más bajas, a estas alturas, ya suena a eufemismo. Las críticas contra la Corona se han multiplicado hasta el punto que, el 28 de septiembre pasado, se organizó en Madrid una manifestación bajo el lema de "Jaque al Rey"; que ésta reunió en sus filas a unos 9.000 manifestantes coreando consignas republicanas contra el monarca y la familia real, llegando hasta las cercanías de la Plaza de Oriente. La manifestación se encontró con el Palacio Real ferozmente protegido por un cordón de 1.400 policías antidisturbios a pie y a caballo, una estación de metro clausurada y las calles adyacentes bloqueadas por orden de la inefable delegada del Gobierno Cristina Cifuentes. Peor aún: el propio Gobierno de Rajoy expulsó a los observadores internacionales (OSCE) encargados de velar por el derecho a manifestarse pacíficamente de los allí congregados. Esa actitud inaudita por parte del Estado Español ha causado un escándalo en Bruselas, provocando que dichos observadores incluyeran a España en la lista negra de los países que no solo no respetan los derechos de sus ciudadanos, sino que encima los reprime policialmente con detenciones, registros y violencia francamente gratuitos. Por supuesto, tanto prensa como TV han silenciado y pormenorizado el tema.
Queda pues patente que Juan-Carlos I solo es rey de algunos españoles; de ese 1% que, con sus malas artes, acapara fortunas en cuentas corrientes de paraísos fiscales: banqueros, políticos y empresarios sin escrúpulos y aún menos vergüenza que le hacen a su vez de cortesanos, respaldando a una Corona desacreditada y vista ya para sentencia.
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